Por Arturo Massol Deyá, Casa Pueblo de Adjuntas
La insurrección energética impulsada por Casa Pueblo constituye un acto sostenido de resistencia y creación que está transformando el paisaje energético en Adjuntas, Puerto Rico. Su punto de partida es la redefinición del sol como combustible primario en el camino hacia la descolonización: de una dependencia histórica de los combustibles fósiles impuesta por Estados Unidos, a una liberación que coloca la capacidad de producir energía —la potencia para hacer trabajo— en manos de la gente y la comunidad para un mejor vivir. No obstante, instalar paneles solares como simple sustitución tecnológica sería insuficiente si no se acompaña de una apuesta más amplia orientada a desmontar las estructuras de poder del modelo energético colonial, centralizado e injusto, que amenaza la salud humana y planetaria. De ahí que construir un modelo alternativo desde la comunidad sea un paso fundamental. En este horizonte surge el Laboratorio Comunitario para la Transición Energética, concebido como un proyecto que articula independencia energética y justicia climática desde una ruta crítica y decolonial.
En 2017, el huracán María expuso con crudeza las consecuencias de décadas de políticas neoliberales y de austeridad colonial, dejando a toda la isla sin electricidad. En ese contexto, Casa Pueblo —que desde 1999 funciona con energía solar— se transformó en un oasis en medio de la oscuridad. Allí se distribuyó ayuda, se mantuvo encendida la radio comunitaria, se brindó refugio energético a Adjuntas y se atendió a personas electrodependientes, además de iniciar la instalación de sistemas solares de emergencia en hogares vulnerables. Aquella respuesta trascendió el gesto solidario: fue también un acto de rebeldía, al demostrar que la infraestructura crítica para la generación de energía podía —y debía— estar en manos de la gente y la comunidad.
Desde entonces, sin respaldo gubernamental, Casa Pueblo ha impulsado más de 400 proyectos solares y la instalación de más de 3,000 paneles fotovoltaicos para atender necesidades comunitarias diversas. Entre ellos destacan sistemas en la estación de bomberos, un cine, hogares de ancianos, una barbería, una escuela, negocios locales y cientos de residencias habitadas en su mayoría por personas con condiciones crónicas de salud. Con ello se ha garantizado seguridad y autosuficiencia energética en ámbitos cruciales: desde la atención a emergencias, la comunicación y la educación, hasta la salud, el entretenimiento, la economía local y la preservación de alimentos. Esta experiencia no solo promueve la independencia energética y evita más de 350 toneladas de emisiones de CO₂ cada año, sino que también redefine la resiliencia, desplazándola del plano individual hacia una fuerza colectiva y comunitaria.
En 2020, junto a la Fundación Honnold y comerciantes locales, Casa Pueblo lanzó Adjuntas Pueblo Solar, la primera microrred solar de un centro urbano en Puerto Rico. Con 700 paneles solares y una batería de 1 MW, este sistema provee energía a 14 negocios bajo un modelo de gobernanza comunitaria a través de la Asociación Comunitaria de Energía Solar de Adjuntas (ACESA). La asociación administra, opera y establece tarifas justas entre los propios comerciantes, quienes dejaron de ser clientes pasivos de un monopolio eléctrico para convertirse en co-propietarios y gestores activos de su energía.
Este marco legal y comunitario constituye una innovación inédita en Puerto Rico y en la región, al garantizar acceso equitativo a energía limpia y costos estables. Además, la experiencia se ha extendido a comunidades históricamente marginadas, como Alto de Cuba, donde se energizaron las 30 viviendas del sector y su colmado comunitario. Escalar este tipo de iniciativas implica asumir la energía como un derecho colectivo y no como un privilegio reservado a quienes pueden pagar o financiar un sistema solar: ese es el verdadero desafío.

La innovación del Microgrid Orchestrator —una tecnología que permite interconectar múltiples microrredes solares y compartir energía en tiempo real— fue validada por primera vez en marzo de 2025 en Adjuntas. Tras tres años de desarrollo en colaboración con tres universidades y un laboratorio nacional de Estados Unidos, esta herramienta demostró su capacidad para que el excedente solar de un sistema abastezca a otros durante apagones, extendiendo el servicio a hogares vulnerables y aumentando la eficiencia global del sistema.
La demostración de campo interconectó dos microrredes ya operativas en Adjuntas. La primera energiza las instalaciones de Casa Pueblo, su radio comunitaria y el cine, con 45 paneles solares (13 kW de capacidad), un inversor de 16 kW AC y 38.4 kWh de almacenamiento. La segunda, conocida como la Plaza de la Independencia Energética, cuenta con 55 kW de generación fotovoltaica, 79 kWh de almacenamiento en baterías y un inversor de 44 kW. Esta plaza provee electricidad gratuita a cinco viviendas, un comercio local y varios puntos de conexión públicos; además ofrece agua potable, internet satelital, un huerto comunitario, jardines de flora nativa y obras de artistas locales, integrando resiliencia energética con soberanía alimentaria, cultura y vida comunitaria.
Cada microrred puede operar de forma autónoma con sus propios controladores. Sin embargo, gracias a la integración del Microgrid Orchestrator y un enlace en corriente directa (DC-interlink), se logró una conexión estable y bidireccional, con control preciso de los flujos de potencia activa y reactiva, garantizando la estabilidad del sistema. Esta validación no fue un experimento en condiciones controladas de laboratorio, sino una prueba en escenarios reales, con factores climáticos y sociales tal como ocurren en la vida cotidiana. Actualmente, ya se han completado cinco microrredes en el territorio de Adjuntas bajo esta visión de transformación comunitaria, con proyecciones de expansión en los próximos años. Este ecosistema convierte a Adjuntas en el primer pueblo energéticamente interconectado del Caribe, demostrando que la tecnología de avanzada, cuando se combina con gobernanza democrática, planificación desde abajo y justicia ecológica, puede convertirse en motor de transformación profunda frente a las crisis políticas, climáticas y las desigualdades estructurales.
En este contexto, surge el Laboratorio Comunitario para la Transición Energética como una plataforma viva para la formación técnica, el diseño de soluciones locales, el intercambio abierto de conocimiento y la creación de capacidades propias. Representa la cristalización de décadas de trabajo educativo, ambiental y organizativo de Casa Pueblo, y se proyecta como pieza estratégica para avanzar hacia una transición ecosocial justa.
¿Por qué un laboratorio comunitario? Porque, al igual que los pueblos originarios y las culturas ancestrales han sabido sostener sistemas de conocimiento propios desde marcos éticos de respeto a la naturaleza, hoy resulta indispensable recuperar esas soberanías del saber. Sin ello, las transiciones energéticas corren el riesgo de reproducir dependencias: el conocimiento técnico externo asociado a las nuevas tecnologías suele imponerse desde lógicas verticales que reducen a las comunidades a simples receptoras de soluciones diseñadas en otro lugar.
Un laboratorio en manos comunitarias rompe esa lógica, al insertar un sistema de conocimiento propio que permite a la comunidad diagnosticar, investigar y experimentar desde sus realidades. De este modo, la comunidad deja de ser objeto de estudio para convertirse en sujeto activo de la producción de saber y en protagonista de sus soluciones. Además, el laboratorio forma a jóvenes, técnicos, educadores y líderes en energías renovables, microrredes, eficiencia energética y sustentabilidad. Con ello se retiene talento, se abren oportunidades económicas y se cultiva una ciudadanía científica con capacidad real de decisión.
Finalmente, generar datos y evidencia propia se vuelve esencial para exigir derechos y defender el territorio. El laboratorio se convierte así en una herramienta de justicia ambiental que democratiza la ciencia y la pone al servicio de la transformación social, creando soluciones adaptadas a contextos específicos en lugar de importar modelos externos. Al mismo tiempo, facilita el desarrollo de estrategias replicables y adaptables para otras comunidades en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo sus propias luchas por la autonomía energética.
Casa Pueblo ha definido una estrategia clara para escalar su impacto: articular la acción comunitaria con la innovación científica y la cultura como pilares de un modelo ecosocial orientado a un desarrollo alternativo. Lo que se construye en Adjuntas no es un modelo exclusivo ni cerrado, sino una propuesta abierta y replicable que surge desde el suelo comunitario y se proyecta como alternativa concreta frente a la inacción estructural.
Desde esta experiencia hacemos un llamado a que más comunidades —en Puerto Rico, en el Caribe y en todos los rincones del planeta— se levanten y tracen su propio camino hacia la justicia climática. No podemos seguir inmóviles esperando a gobiernos que, cumbre tras cumbre, como probablemente ocurrirá de nuevo en la COP30 en Brasilia, persisten en evadir su responsabilidad histórica. Ante su inacción sistemática y la negación del desafío más urgente de nuestra era, nuestras respuestas deben ser aceleradas, nutridas por el conocimiento colectivo, interconectadas y profundamente emancipadoras. Desde lo local ya se están gestando soluciones con resonancia global. Que Brasilia —y todos aquellos que aún se resisten a actuar— escuchen a los pueblos: el reloj climático no se detiene, y el poder de transformar nuestro futuro está también en nuestras manos.